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Los planes de Rajoy para garantizar el pago de los intereses de la deuda reduciendo las pensiones

“¿Que quiere usted prejubilarse? Yo también, pero desde el Gobierno han frenado todas las jubilaciones anticipadas, incluida la mía”. La funcionaria de la Seguridad Social ni parpadeó cuando respondió de esta manera al ciudadano que tenía delante de su mesa y que quería informarse sobre la prejubilación a la que tenía derecho.

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Otra funcionaria le reconoció: “¡Ah, pero usted es periodista! Le veo en las tertulias. ¿Por qué no habla de esto? Llevamos meses así: yo tampoco puedo prejubilarme”. Y, efectivamente, hasta después del 15 de marzo de 2013, fecha de la aprobación de un Real Decreto-ley de humorístico título (“medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo”), prejubilarse a los 61 años -en unos casos- o a los 63 -en otros- fue casi una misión imposible en la España de Rajoy y de la ‘Troika‘ europea, que pensaban aplicar una política de reducción de las pensiones

L. P., el periodista en cuestión, como otros miles de ciudadanos, a pesar de cumplir los requisitos legales, sufrió las ‘interpretaciones‘ que el Gobierno de Rajoy iba realizando de las leyes en vigor en tanto y en cuanto no se aprobara una reforma restrictiva de las pensiones al gusto de la ‘Troika‘, la que realmente manda en las economías europeas y especialmente en las más débiles, como la española.

L. P., despedido dentro del ERE de una televisión, había cumplido las condiciones para prejubilarse a los 61 años, según la reforma de las pensiones que en agosto de 2011 había aprobado Zapatero presionado por esa misma ‘Troika‘ europea. Pero como L. P. se sentía vivo y activo se había dado de baja del paro para darse de alta en autónomos y seguir trabajando como colaborador. Meses después descubrió que la cosa no era tan sencilla, que el mercado español era deprimente, que no ganaba ni para pagar autónomos y tuvo que volver al paro.
Entonces se planteó la prejubilación a los 61, pero el Gobierno de Rajoy, que ya había pactado con Bruselas el rescate bancario y la garantía del pago del mismo con la merma de derechos sociales -entre otros, la rebaja de las pensiones- realizó una de sus ya famosas ‘interpretaciones‘ de la ley: la Seguridad Social le dijo a L. P. que como se había dado de baja en el INEM para hacerse autónomo, ahora, aunque había vuelto al INEM no lo había hecho porque hubiera estado afectado por un ERE. Por lo tanto, el gobierno interpretaba que la suya era una de las ‘excepciones‘ para no aplicarle la ley y no prejubilarle. Eso le ocurrió a otros muchos “elepuntopes” anónimos españoles.

Sin más esperanza, L. P. esperó dos años y cuando iba a cumplir los 63 fue cuando tuvo lugar el diálogo arriba narrado en una céntrica oficina madrileña de la Seguridad Social. La razón del ‘parón’ a las prejubilaciones era clara: la deuda española estaba por las nubes, los intereses eran asfixiantes y para colmo Rajoy había pactado con Bruselas el rescate a los bancos españoles. La ‘Troika‘ pedía garantías de devolución; garantías que, según rejuerdan a cuartopoder.es medios conocedores de las negociaciones, se saldaban con importantes recortes sociales, sobre todo en las pensiones, porque las pensiones son ‘pagos de futuro’; es decir, que son a largo plazo, lo mismo que los intereses de la deuda española.

Así, desde el Ministerio de Empleo  se fue aplicando desde diciembre de 2012 el ‘silencio administrativo’ -lo que en realidad le hicieron a L. P. y a muchos miles de españoles más- en tanto no se aprobara una reforma de las pensiones mucho más restrictiva de la que había realizado Zapatero en 2011. Esa situación duró hasta la aprobación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de “medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo”. Luego, posteriormente, el Gobierno continuó con los planes de la ‘Troika‘ respecto a las pensiones con la aprobación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social; es decir, la que acaba con la revaloración según el IPC y hace perder poder adquisitivo real a los pensionistas.

Parecía que todo se acababa ahí para con los jubilados. Incluso, el pasado 24 de junio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, empeñó su palabra en el Senado y, respondiendo al portavoz socialista, Marcelino Iglesias, descartó una nueva reforma del sistema de pensiones en la agenda del Gobierno: negó más ‘ajustes’ y aseguró que la recién aprobada reforma fiscal a quien más beneficiaba era a los pensionistas. Palabra de Rajoy.

Un nuevo criterio de interpretación ‘troikista’ de la ley de pensiones

Sin embargo, pese a la palabra de Rajoy, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dado otra vuelta de tuerca y ha negado el retiro anticipado a los 61 años de los que sufrieron rescisiones individuales de contrato antes de abril de 2013 y pagaban un convenio especial, algo muy parecido a lo que ocurrió a L. P. en su momento.

Para entenderlo en términos sencillos: la dirección general de ordenación del Ministerio de Empleo ha cambiado ahora de ‘criterio de interpretación’ de las reglas de la jubilación anticipada que hace más restrictiva su aplicación. Como norma general, la retrasa en dos años (o, incluso, hasta cuatro) para trabajadores que perdieron su empleo en despidos individuales antes de abril de 2013 y tienen suscrito un convenio especial por el que asumen el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y otro ‘criterio de interpretación’ posterior a ese incluye también a quienes suscribieron un convenio cobrando al mismo tiempo el subsidio por desempleo.

Es decir, que con la reforma de las pensiones de abril de 2013, el Gobierno endureció los requisitos de la jubilación anticipada siguiendo los criterios de Bruselas: hasta entonces había que estar en paro, tener 61 años y tener cotizados 30 años para retirarse del mercado laboral antes de tiempo (el caso que no le aplicaron a L. P., como hemos comentado). Pero después del 1 de abril de ese año hay dos vías para llegar a la jubilación anticipada: si el trabajador ha perdido su empleo en un ERE, puede retirarse con 61 años, es decir, hasta cuatro antes de la edad legal de jubilación; y si procedía de un despido individual, tiene que esperar hasta los 63, sólo dos años antes de la edad legal.

Pero, según se ha hecho público estos días, en este último caso hay una excepción: haber sido despedido antes del 1 de abril de 2013: el afectado podía entonces jubilarse con la legislación anterior, excepto si “con posterioridad a tal fecha no vuelva a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social”, según una disposición de la reforma.

Hasta el pasado 13 de junio, el Ministerio de Empleo no interpretaba como “inclusión en alguno de los regímenes de la Seguridad Social” la suscripción de un convenio especial -en términos generales, el parado paga de su bolsillo un extra para compensar la pérdida que tendrá luego su pensión-. Y ahora, la Seguridad Social ‘interpreta’ que esos convenios especiales están incluidos en la disposición de la reforma. Por lo tanto, no tienen derecho a la prejubilación. Así de claro. Otro recorte más con el que, según fuentes de la oposición, el gobierno de Rajoy pretende ahorrar con los pensionistas en varios ejercicios hasta 35.000 millones de euros, garantizando así pagos a largo plazo como el rescate bancario o los intereses de la deuda.

Fuente: yometiroalmonte.es

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Esta entrada fue publicada en 19/08/2014 por .
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