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El Estado español continúa tolerando torturas y violaciones de los Derechos Humanos a personas bajo su custodia

961 personas sufrieron agresiones, torturas y/o malos tratos en 194 situaciones distintas a lo largo del 2014 en el Estado español. Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios y/o en el transcurso de intervenciones policiales. Así lo afirma la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) en su informe anual.

El Estado español continúa tolerando torturas y violaciones de los Derechos Humanos a personas bajo su custodia

961 personas sufrieron agresiones, torturas y/o malos tratos en 194 situaciones distintas a lo largo del 2014 en el Estado español. Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales.

Así lo afirma la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) -compuesta por medio centenar de colectivos como la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Asociación Contra la Tortura, Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos), CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales), Campaña por el cierre de los CIE´s, Comisión Legal Sol, Grupo 17 de Marzo, Iridia, Jaiki-Hadi, Salhaketa o SOS Racisme Catalunya, entre otros-, en su informe anual sobre los casos conocidos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia en el Estado español, hecho público este viernes en una rueda de prensa en Sevilla.

En este nuevo informe, el undécimo consecutivo, han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de “facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español”, afirman. En este trabajo presentan las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU: “Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento”.

Fuente: CPDT

Fuente: CPDT.

En los once informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2014 han documentado 2.931 situaciones en las que 7.582 personas se vieron afectadas. La Coordinadora explica que, como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2014. “Algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.”, aclaran.

Según la CPDT “las denuncias aumentan y disminuyen sin que pueda observarse ninguna tendencia reseñable” y “lo mismo ocurre con las situaciones de tortura y/o malos tratos, si bien con una menor variabilidad”.

Respecto a los últimos cuatro años, señalan que aquellos en los que ha habido más movilizaciones sociales (el 2011 y el 2012 en torno al 15M y el 2014 en torno a las movilizaciones de protesta y solidaridad por Gamonal y el desalojo de Can Vies), han supuesto los de mayor número de personas afectadas en toda la serie de datos recogida por los informes de la CPDT.

El informe pone de relieve que por cuarto año consecutivo se produce una importante disminución en el número de denuncias por tortura en situaciones de detención incomunicada. Sin embargo, la CPDT subraya que, “pese a la disminución en número absoluto, siguen existiendo este tipo de denuncias por malos tratos y vejaciones en esta situación de detención incomunicada, lo que nos lleva, una vez más, a exigir su abolición”.

En el documento, también se observa que se triplica el número de personas migrantes que sufren este tipo de agresiones respecto al informe del año anterior, lo que ha llevado a la Coordinadora a incluir un análisis sobre los vuelos de deportación.

La CPDT también pone el acento en el importante incremento de las denuncias por agresiones en el transcurso o con motivo de movilizaciones sociales respecto al año anterior. En números totales, las450 denuncias de 2014 suponen un incremento frente a las 251 del 2013 y una disminución frente a los 591 del 2012.

Pero en el 2014 el incremento en el número de personas afectadas se produce al mismo tiempo que se reducen el número de situaciones conocidas: “de las 66 situaciones y 251 personas afectadas de 2013, pasamos a los 53 casos y 450 personas de 2014. Esto nos lleva a pensar que la gente sigue denunciando las agresiones sufridas durante grandes movilizaciones, pero cada vez denuncia menos aquellas otras sufridas en otras protestas de menor calado”.

6 casos en Aragón

Fuente: CPDT

Fuente: CPDT.

El informe también dedica un apartado a la distribución territorial/nacional de los casos. Catalunya es el que registra más denuncias con 277 personas agredidas, seguida de Andalucía con 221, Madrid con 144. Por número de situaciones es Madrid con 35 el territorio con más casos, por los 29 de Andalucía y los 25 de Catalunya.

En Aragón se registraron, según el informe, 6 situaciones (3 con la Policía Local, 2 con el CNP y una con funcionarios de prisiones) en las que se vieron afectadas 6 personas.

A este respecto, la CPDT puntualiza que, debido a la desigual implantación de las personas y entidades que configuran la Coordinadora, los datos recabados en este informe son superiores en aquellos territorios donde sí tienen presencia, en detrimento de aquellos en los que no. Por ello, insisten en recordar que “las situaciones aquí presentadas son sólo una parte limitada de la realidad”.

Asimismo, explican que esta distribución territorial puede resultar “poco esclarecedora para conocer la incidencia real de la práctica de la tortura, al no tener en cuenta el número de habitantes de cada nación/territorio” y, por lo tanto, “la incidencia real de esta práctica en cada una de ellas según el número de casos por habitante”. En este sentido, sería Melilla con 129 personas agredidas de una población de 84.621 personas (de los más de 46 millones del Estado español), el territorio más afectado. Precisamente, en el informe se incorpora un análisis de la situación específica de la zona de la Frontera Sur (especialmente Ceuta y Melilla) dada la importancia de las denuncias recibidas desde esta área geográfica.

Muertes bajo custodia

En el año 2014, la CPDT tuvo noticia del fallecimiento de 50 personas “mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o del personal de algún otro espacio de custodia público, o por actuación directa durante intervenciones policiales (por ejemplo, por efecto de sus disparos)”. “A estos datos habría que añadir una persona a la que algunas fuentes dan por muerta, pero cuyo cuerpo no ha sido hallado, por lo que preferimos considerarla “desaparecida” (así consta en nuestras estadísticas)”, apostillan.

Según los datos recogidos por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT),desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2014 han tenido constancia directa de 586 fallecimientos en estas circunstancias y “si bien somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes ‘inevitables”, sostienen que “otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma”, motivos que les llevan a preguntarse “cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación”.

En su informe distinguen dos grupos principales de muertes: las ocurridas en privación de libertad (24 personas) y las ocurridas en la vía pública (un total de 26 personas), “incluyendo en este último apartado tanto las vallas de Ceuta y Melilla como el mar, cuando las muertes son el resultado de una intervención de las FCSE españolas”.

El informe completo también incluye una reflexión de la CPDT sobre “la incidencia que las reformas legales pueden haber tenido sobre la denuncia de violaciones de Derechos Humanos”, un resumen de las recomendaciones internacionales sobre esta materia publicadas en los últimos años y una crítica sobre la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos en este ámbito concreto.

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Fuente: arainfo.org

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Esta entrada fue publicada en 13/12/2015 por .
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