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La violencia contra las personas LGTB en las Américas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) acaba de publicar el informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América, en el que se analizan las diferentes formas de violencia que sufren estos colectivos en la región, el impacto que tienen en estas formas de violencia las leyes que los criminalizan, y qué rol cumple -o no- el Estado en la protección de sus derechos. A continuación reproducimos el apartado “Características de la violencia contra las personas LGBTI” y la posibilidad de descargar el informe completo.

2061. La violencia contra las personas LGTB en las Américas

A través de sus funciones de monitoreo, la Comisión ha tenido conocimiento de las características particulares que por lo general se presentan en los casos de violencia contra las personas LGBTI. Muchas manifestaciones de esta violencia están basadas en el deseo del perpetrador de “castigar” dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer.

Esta violencia se dirige, entre otros, a las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo y a las expresiones de “feminidad” percibidas en hombres o “masculinidad” en mujeres. La violencia se puede manifestar en el uso de la fuerza por agentes de seguridad del Estado, encargados de hacer cumplir la ley amparados en normas sobre “moral pública”. También puede tomar la forma de violencia médica ejercida contra personas cuyos cuerpos difieren de los estándares socialmente aceptados de cuerpos masculinos o femeninos, en intentos por “arreglar su sexo”55, entre otros.

En el presente informe, la CIDH hace especial énfasis en la violencia que enfrentan las personas trans y en particular las mujeres trans. Como es reiterado a lo largo del informe, la mayoría de las mujeres trans se encuentran inmersas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos. Esta situación se suma a una ausencia, en la mayoría de los países de la región, de disposiciones legales o administrativas que reconozcan su identidad de género. Asimismo, como se explica en este informe, según la información recibida y los datos producidos por la CIDH, la mayoría de las mujeres trans que son asesinadas son menores de 35 años de edad y son particularmente vulnerables a la violencia por parte de fuerzas de seguridad del Estado, encargadas de hacer cumplir la ley.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la violencia contra las personas LGBT constituye una “forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género”. El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha señalado que en una parte considerable de los casos de tortura a personas LGBT hay indicaciones de que se les somete con frecuencia a actos de violencia sexual, como violaciones o abusos sexuales, con el fin de “castigarles” por traspasar las barreras del género o por cuestionar ideas predominantes con respecto al papel de cada sexo.

El Relator Especial agregó incluso que a las personas LGBT “se les somete en una proporción excesiva a torturas y otros malos tratos porque no responden a lo que socialmente se espera de uno y otro sexo. De hecho, la discriminación por razones de orientación o identidad sexuales puede contribuir muchas veces a deshumanizar a la víctima, lo que con frecuencia es una condición necesaria para que tengan lugar la tortura y los malos
tratos”. Lo anterior es consistente con la información que las organizaciones de la sociedad civil han aportado a la CIDH. Por ejemplo, una organización explicó a la Comisión que gran parte de la violencia y la discriminación de la que son víctimas las mujeres lesbianas y trans es perpetrada con el fin de castigar a las identidades femeninas que traspasan los límites impuestos por las sociedades normativas.

La expresión de sexualidades e identidades no normativas con frecuencia se considera en sí misma sospechosa, peligrosa para la sociedad, o amenazante contra el orden social y la moral pública. Como explica una académica, las expresiones de afecto en público o la circulación en espacios públicos de personas con orientaciones sexuales o identidades de género no normativas suele ser fuente de gran ansiedad social. La CIDH también ha recibido información sobre casos de violencia contra hombres y mujeres como reacción ante coqueteos o proposiciones por personas del mismo sexo. En ocasiones este tipo de violencia ha sido “justificada” por los acusados como defensa por pánico gay o trans”, asunto que se abordará más adelante en este informe. En cambio, en el “orden heterosexual obligatorio los avances o insinuaciones de tipo sexual suelen llamarse coquetería y se configuran como modelos de comportamiento naturalizados”.

En algunas situaciones, la violencia contra las personas LGBT también ha sido caracterizada como una forma de “limpieza social”. Desde 1993 la CIDH empezó a recibir información sobre este fenómeno en el contexto del conflicto armado en Colombia. Académicos de la región del Caribe anglófono han indicado que la violencia “ejercida contra gays, lesbianas y otros que son vistos como disidentes de las normas sociales aceptables es … vista como un ejercicio de “limpieza” … que tuvo eco en composiciones musicales que igualmente convocaron a una limpieza de la población a través del asesinato de gays y lesbianas”. El Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha señalado que se considera que los malos tratos contra personas LGBT han sido utilizados para forzar a trabajadores sexuales a abandonar ciertas áreas, en el marco de las llamadas campañas de “limpieza social” o para desincentivar a personas LGBT de reunirse en ciertos lugares como bares o discotecas.

Finalmente, el Alto Comisionado de Derechos Humanos ha señalado que, en muchos casos, incluso la “percepción” de ser gay o trans pone a las personas en riesgo. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución en 2014 condenando la violencia contra las personas basada en su “orientación sexual o identidad de género real o percibida” e hizo un llamado a los Estados de la Unión Africana para prevenir e investigar este tipo de violencia. En este sentido,la CIDH ha encontrado que en determinados contextos lo que conduce a actos de discriminación o violencia motivados por el prejuicio contra personas LGBT no es tanto cómo una persona se reconoce, sino cómo esta es “percibida” por parte de terceros o si se le identifica como miembro de un determinado grupo. Por ejemplo, en julio de 2012 la CIDH condenó el asesinato de José Leonardo Da Silva, un hombre de 22 años que fue asesinado por un grupo de hombres que lo vio caminando abrazando a su hermano gemelo. La Comisión también ha entendido que las circunstancias en las cuales una persona puede ser “percibida” de tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, no implican necesariamente que esta persona se identifique bajo esa orientación. Sin perjuicio de ello, puede verse expuesta a la discriminación a la que históricamente han estado sometidas las personas por su orientación sexual o por su identidad o expresión de género.

DESCARGAR INFORME COMPLETO

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Fuente: comunicarigualdad.com.ar

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Esta entrada fue publicada en 05/01/2016 por .
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